Redacción @vozdelcampo
Mientras los discursos institucionales vuelven a hablar de participación, empoderamiento y trabajo territorial, en el mundo rural de Colchagua crece una pregunta incómoda: ¿qué resultados concretos están dejando realmente las mesas y comités ligados a INDAP en la vida diaria de las mujeres campesinas?
La reciente sesión de la Mesa de la Mujer Rural realizada en Nancagua volvió a reunir a dirigentas, autoridades y representantes de distintos servicios públicos. La escena es conocida desde hace años: fotografías protocolares, exposiciones sobre planes de trabajo, llamados al fortalecimiento organizacional y un discurso centrado en la equidad de género y el desarrollo rural.
Sin embargo, lejos del lenguaje institucional, en sectores campesinos aparece una percepción mucho más crítica respecto al funcionamiento de estas instancias.
Muchas de las participantes llevan años circulando entre mesas provinciales, encuentros regionales, seminarios y giras técnicas. Son rostros conocidos dentro del ecosistema institucional rural. El problema no es necesariamente su permanencia, sino la sensación de que las estructuras terminan girando sobre sí mismas, sin renovar liderazgos ni generar transformaciones visibles en los territorios que dicen representar.
En teoría, tanto la Mesa de la Mujer Rural como los Comités de Agencia de Área (CADA) cumplen funciones relevantes. Según INDAP, estos espacios buscan canalizar necesidades campesinas, evaluar programas, proponer mejoras y fortalecer la participación de usuarios y usuarias en la toma de decisiones. El objetivo parece correcto: acercar el Estado al territorio y construir políticas desde las bases.
Pero la distancia entre el diseño institucional y la realidad cotidiana sigue siendo evidente.
Porque mientras se desarrollan reuniones, capacitaciones y jornadas de diálogo, muchas agricultoras continúan enfrentando problemas estructurales que se repiten año tras año: dificultades para comercializar sus productos, acceso limitado al agua, escasa innovación tecnológica, baja rentabilidad de la pequeña agricultura y dependencia de fondos concursables que rara vez generan autonomía sostenida.
Ahí aparece el principal cuestionamiento: ¿estas mesas están resolviendo problemas o administrando diagnósticos eternos?
La crítica no apunta únicamente a las participantes. También alcanza a la lógica institucional que muchas veces parece medir éxito en función de actividades ejecutadas y no de impactos reales. En otras palabras: abundan las reuniones, pero cuesta identificar indicadores concretos que permitan saber cuánto mejoró efectivamente la vida de las mujeres rurales gracias a estas instancias.
¿Cuántos emprendimientos siguen funcionando después de recibir apoyo?
¿Cuántas agricultoras aumentaron sus ingresos de manera sostenible?
¿Cuántos acuerdos de estas mesas terminaron transformándose en políticas concretas?
¿Cuánto dinero público se destina a logística, traslados y actividades protocolares?
Son preguntas legítimas en un contexto donde el Estado destina recursos permanentes al fortalecimiento organizacional rural.
Otro elemento que genera ruido en algunos territorios es la contradicción entre el discurso de sororidad y representación colectiva frente a ciertas dinámicas internas que, según críticas recurrentes, terminan concentrando protagonismo y oportunidades en grupos reducidos o dirigencias históricas. Eso provoca desafección entre mujeres rurales que no participan de estos círculos y que sienten que las decisiones continúan tomándose lejos de sus realidades cotidianas.
Pese a ello, desconocer completamente el valor de estas instancias también sería injusto. En distintos puntos del país, programas vinculados a mujeres rurales sí han permitido procesos de capacitación, formalización y fortalecimiento de pequeños emprendimientos. El problema parece estar menos en la existencia de las mesas y más en la dificultad para demostrar su impacto territorial profundo.
En tiempos donde el mundo rural enfrenta desafíos complejos —crisis hídrica, envejecimiento campesino, migración juvenil y fragilidad económica— la discusión ya no debería centrarse únicamente en la participación simbólica, sino en la capacidad real de estas estructuras para generar cambios medibles y sostenibles.
Porque al final, la legitimidad de cualquier mesa territorial no se construye en la fotografía oficial ni en el discurso institucional. Se construye en los campos, en las ferias, en las pequeñas agricultoras que logran vivir dignamente de su trabajo y en comunidades rurales que efectivamente sienten que alguien las representa.
Deja un comentario