La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la entrega de créditos de fomento por parte de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), tras una auditoría correspondiente al año 2024.
El informe reveló que algunos beneficiarios mantenían antecedentes vinculados a actividades ilícitas, incluyendo cultivos de marihuana y usurpación de aguas, sin que existieran acciones de fiscalización por parte del servicio.
Además, la Contraloría detectó personas que accedieron a créditos pese a no cumplir los requisitos del programa, entre ellas beneficiarios con vehículos de alto valor, ingresos no agrícolas y usuarios que no acreditaron la tenencia legal de los predios declarados.
La auditoría también evidenció fallas en la evaluación socioeconómica, señalando que decenas de beneficiarios superaban el tramo de vulnerabilidad exigido para acceder a estos apoyos estatales.
Otro de los puntos observados fue la baja supervisión en terreno: de 566 créditos otorgados en 2024, solo 36 fueron fiscalizados presencialmente, equivalente al 6% del total, por debajo del mínimo exigido por la normativa interna.
Tras los hallazgos, la Contraloría instruyó al INDAP revisar los casos observados y abrir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
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